Entre enero y mayo de 2025, el saldo negativo fiscal de Ecuador alcanzó un total de 1.306 millones de dólares, de acuerdo con un reporte del Centro de Investigaciones del Colegio de Economistas de Pichincha (CIECEP). Este monto corresponde al tercer desbalance fiscal más elevado en la última década, superado únicamente por los años 2017 y 2020.
Un desequilibrio estructural y persistente
El desajuste fiscal ocurre cuando las autoridades gastan más dinero del que reciben. Tal como aclaró Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha: «Es comparable a una familia que gana 1.000 dólares mensuales, pero tiene gastos por 1.200. Esa diferencia de 200 los obliga a contraer deudas».
En este escenario, el gobierno de Ecuador busca financiamiento tanto externo como interno, destinando una parte de sus futuros ingresos al pago de deudas e intereses, en vez de canalizar esos recursos hacia servicios fundamentales como salud, educación o infraestructura.
Cambio del déficit en 2025
El informe del CIECEP, basado en la información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señala que el déficit de 1.306,4 millones de dólares registrado hasta mayo no incluye los costos de importación de productos derivados del petróleo.
Durante este periodo:
- Las ventas únicamente aumentaron un 2% en comparación con el mismo período del año 2024.
- En contraste, el gasto del gobierno creció un 15,4%.
Este fenómeno muestra un desequilibrio intensificado por el incremento de los costos en salarios, jubilaciones, programas de asistencia social y el pago de intereses.
Análisis del pasado
Solo se registraron déficits más altos en los años 2017 y 2020:
- 2017: 1.851 millones de dólares
- 2020: 1.941 millones de dólares
En cambio, el único superávit en la década se produjo en 2022, con 1.256 millones, impulsado por la recuperación pospandemia.
Perspectivas alarmantes
El Observatorio de la Política Fiscal, incluyendo el costo de importaciones petroleras, estima que el déficit fiscal entre enero y mayo llega a 1.529 millones de dólares, y que al cierre de 2025 podría superar los 5.500 millones.
Jaime Carrera, quien lidera el Observatorio, alertó que subir el IVA del 13% al 15% no ha logrado equilibrar el crecimiento del gasto. El Colegio de Economistas anticipa un déficit más grande, que podría exceder los 6.200 millones de dólares al cierre del año.
Esto difiere de la previsión oficial de la ministra de Economía, Sariha Moya, quien calculó un déficit de 3.000 millones de dólares a principios de junio.
Alternativas viables y restricciones
El Colegio de Economistas plantea que se podría lograr un ahorro inmediato de 1.300 millones de dólares, mediante:
- Distribución de recursos más importantes.
- Incrementar la obtención de ingresos sin subir los impuestos.
- Vender los activos inactivos del gobierno.
Sin embargo, advierten que una reforma estructural no puede postergarse más allá de 2026. Carrera añade que, aunque el Gobierno apuesta por la inversión pública para impulsar el crecimiento, el gasto corriente inflexible y las obligaciones de deuda dificultan la reasignación de recursos.
Los recortes en áreas esenciales tales como la salud, educación o seguridad social son políticamente impopulares o están restringidos por la legislación. Por ello, los expertos coinciden en que la alternativa más viable es fomentar la inversión privada, mediante asociaciones público-privadas y concesiones en infraestructura, pero siempre respetando el principio de sostenibilidad fiscal.
